En los pasillos de “El Sifón” se comentaba que los Acevedo “algo tenían que ver con lo que le pasó a la chica Paulina”. Aunque la mayoría de los vecinos de ese barrio tenían miedo de dar su nombre cuando los policías los interrogaron, esparcieron las sospechas que durante días rondaban por el barrio, la que derivó en la investigación de Walter “Chichilo” Acevedo, Sebastián “Pelao” Acevedo, Jorge “Jazo” Acevedo, Gustavo “El Gordo” González y Héctor “Kim” Ramos (hijo de Sergio “Chupete” Acevedo).
La hipótesis de “los barrabravas” surgió por supuestos llamados anónimos recibidos en la Dirección General de Investigaciones a mediados de 2006. El informante anónimo mencionaba que un integrante de la familia Acevedo-González, que poseía un Fiat Duna bordó, “no sería ajeno al fallecimiento” de Paulina, quien había desaparecido el 26 de febrero de 2006 y cuyo cuerpo fue encontrado el 11 de marzo de ese año en Tapia.
El fiscal Diego López Ávila describió en el requerimiento de elevación a juicio de la causa Lebbos, cómo se investigó esta pista, que develó los contactos entre barrabravas y políticos. De hecho, cuando declaró en la Fiscalía “El Gordo”, referente barrabrava de “La Inimitable” de Atlético Tucumán, aseguró que hasta un año antes del crimen de Paulina cobraba un sueldo de Casa de Gobierno, porque trabajaba para el ex gobernador Julio Miranda.
Un dato que llamó la atención de los investigadores es que el Peugeot 405 bordó que tenía González, había sido permutado por un colectivo luego de la desaparición de Paulina. El auto fue secuestrado y encontraron cuatro pelos que fueron sometidos a una pericia de ADN el año pasado, la que dio negativo.
“El Gordo” se defendió de la acusación de su supuesta participación en el crimen de Paulina, argumentando que la noche anterior se había acostado a las 23 y que su madre lo despertó a las 6 para pedirle el auto, porque la esposa de “Pelao” estaba por parir. Luego de entregarles la llave, siguió durmiendo y a las 9.30 fue a la cancha de Atlético, donde tenía una reunión con el intendente del club por el clásico que se jugaría esa tarde.
En “El Sifón”
La Policía entrevistó a varios vecinos del barrio en el que viven los Acevedo. De acuerdo a las actas, casi todos dijeron que les tienen miedo, por lo que pidieron mantenerse en el anonimato. Todos habrían comentado que escucharon a otras personas mencionar que en una vivienda ubicada frente a la casa de “Chichilo” habrían tenido secuestrada a Paulina contra su voluntad. También afirmaron que “El Gordo” “se había comido un garrón porque sólo había prestado su auto para que la traigan” (sic) y que después tuvo que llevar el cuerpo a Raco.
La Dirección General de Investigaciones labró un acta en la que constaba que según los vecinos, Gustavo González “habría comentado, muy molesto y a la vez asustado, que él en realidad no tenía nada que ver con la muerte de Paulina, que no era culpable sino que él solamente la había ‘tirado’”.
La casa de “Chichilo” y la que estaba ubicada al frente, fueron allanadas. Secuestraron ropas y otros elementos. Las pericias también dieron negativo en estos casos. Días más tarde, en otra acta de la Policía dejaron asentado que “El Gordo”, “Jazo”, un tal “Pato Lucas” y “Kim” Ramos estuvieron tomando y bailando en “La Rubia Tarada”, un local del Abasto, movilizándose en el auto de González.
El 18 de abril de 2006, la Brigada de Investigaciones Norte informó que recibió un llamado anónimo en el que un hombre aseguraba que al día siguiente de su desaparición, Paulina había estado con “Chichilo” en “El Sifón” y que junto a los hermanos de este y a otras personas, habían ido a El Cadillal. De acuerdo a esa versión, los Acevedo habían estado en El Abasto con Paulina.
“Se podrá observar que la relación de los citados con el hecho se efectúa en función de averiguaciones policiales realizadas a partir de ‘llamadas anónimas’ recibidas en la sede de la Dirección General de Investigaciones. Es información confidencial de supuestos ‘testigos anónimos que no querían identificarse por temor a represalias’ sobre el proceder del barrabraba de Atlético Tucumán y su entorno personal”, consideró López Ávila, al destacar que ningún dato de esta pista pudo ser corroborado, por lo que sospecha de la existencia de los ‘llamados anónimos’.
Los entrecruzamientos telefónicos, las pericias de ADN y otras medidas, en principio despejarían las sospechas sobre la familia Acevedo-González. “La investigación no pudo comprobar elemento que sustente la hipótesis policial”, afirmó el fiscal.
Sin embargo, López Ávila aclaró que no pasaron inadvertidas las múltiples llamadas entre González con Casa de Gobierno, y en especial con Sergio Kaleñuk, en marzo y abril de 2006.
“Lo antedicho supone, que pese a los esfuerzos procurados por la investigación tendientes a verificar o conocer el contenido de las comunicaciones y determinar la finalidad de las mismas, no se logró mayores avances, por lo que no visualizándose la posibilidad de practicar otras medidas de prueba, y considerándose agotada la investigación, se mantuvo su condición de testigo en la presente causa”, concluyó López Ávila.